POR SOLUCIONES A LA CRISIS EDUCATIVA
Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIVERSIDADES
La
ley 30 de 1992 es la ley general para la educación superior, con ella se creó
la base presupuestal (rubro que transfiere el estado para el funcionamiento de
las universidades), sin embargo a la vez que se estableció dicha base se
congeló la misma al monto que recibían las universidades en 1992, es decir que
los recursos que recibieron las universidades en los años siguientes
“aumentaba” de acuerdo a la inflación, lo cual no representa un aumento real.
En
los más de 20 años de vigencia de dicha ley, las universidades han visto como
sus gastos de funcionamiento han aumentado debido al crecimiento en la
cobertura, la necesidad de actualizar la infraestructura y los equipos
tecnológicos. En el 2012 los rectores y vicerrectores de recursos de las 32
universidades públicas del país realizaron un informe sobre el estado financiero
de las universidades. La conclusión es que las universidades acumulan un
déficit presupuestal (recursos faltantes su funcionamiento adecuado) de $12.500.000.000.000,
12.5 billones de pesos.
Esto
ha llevado a que las universidades, al mejor estilo de las empresas privadas
(controladas por cada administración local) redujera sus gastos en inversión y
funcionamiento ocasionando una crisis de calidad, producto de la precariedad
laboral a la que ha sometido a los docentes, a los pocos recursos que destina para
la investigación, el bienestar social y la extensión. También ha aumentado el
costo de las matriculas lo que ha generado grandes índices de deserción
estudiantil y endeudamiento vitalicio por los créditos del ICETEX.
En
lugar de proponer soluciones a dichas problemáticas el gobierno pretende
profundizar dicho modelo, la política
pública o Acuerdo por lo Superior 2034, es un documento que contiene 136
lineamientos formulados por los mismos que han generado la crisis y a los que
poco les importa el futuro de la educación pública. Dicho “acuerdo” no reconoce
la educación como un derecho fundamental y entre otros aspectos propone que la
financiación de las universidades es una corresponsabilidad donde incluso los
egresados deberán pagar impuestos mientras el estado sigue desconociendo su
responsabilidad con el aseguramiento de dicho derecho.
Por
lo tanto este jueves 16 de octubre se reactiva el movimiento estudiantil
nacional saliendo a marchar desde las universidades públicas y privadas con
estas tres exigencias:
1.
Plan
de pago al déficit presupuestal de las universidades.
2.
No
a la implementación del Acuerdo por lo Superior 2034.
3.
Por
garantías democráticas y de autonomía universitaria.
De
esta manera extendemos la invitación para que en Villavicencio desde la Glorieta de Postobon a las 9:00am marchemos hacia
el parque central de la ciudad y participemos desde las universidades privadas,
instituciones técnicas y tecnológicas, el SENA y la única universidad pública
de la región de la Orinoquía, la Unillanos. A su vez, para que estemos en
defensa de la educación pública y no seamos la generación que permitió la
privatización de dicho derecho fundamental.
A ESTUDIAR Y A LUCHAR
POR LA EDUCACIÓN NACIONAL
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