VAMOS POR
•
La
exigencia al gobierno Santos para que aumente los recursos destinados a salud,
educación y saneamiento básico en el marco de la discusión que se
desarrollará este año en torno al Acto Legislativo que establece el Sistema
General de Participaciones.
•
La
reforma de la normatividad general
de la U:
-
Estatuto
General:
elección democrática de las directivas académicas)
-
Estructura
Orgánica:
reconocimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y los Consejos de
Programa)
-
Reglamento
Estudiantil
-
Estatuto
Docente
-
Política
de Bienestar:
Calidad en la prestación de sus programas. Mayor asignación de presupuesto para
la participación en eventos académicos nacionales por Facultad. Equidad de
Género como garantía para una verdadera democracia universitaria. Presupuesto
anual adecuado para la realización de la semana cultural construida con la
participación de la comunidad universitaria. Centro de salud con atención
permanente para ambas sedes en convenio con la Facultad de Ciencias de la
Salud.
•
La
aprobación de un nuevo Régimen de Matrículas, modificando el Acuerdo Superior
060 de 1999 para que se ajuste a las condiciones socioeconómicas de los
estudiantes.
•
Presupuesto
Participativo
como mecanismo para que la comunidad universitaria proponga y priorice la
ejecución de los proyectos de inversión (BPUNI) y el Plan Anual de Inversiones
(POAI), teniendo en cuenta las necesidades académicas, culturales, deportivas y
de bienestar de cada facultad.
•
La
apertura del Comedor Universitario, con alimentación subsidiada en
condiciones dignas para la comunidad.
•
Un
Nuevo Sistema de Transporte y la implementación tecnológica necesaria para un
servicio digno y de calidad.
•
El
establecimiento del Jardín Infantil Universitario, como un espacio que garantice la
permanencia de la comunidad universitaria.
•
Una
Política
de Manejo productivo de las fincas de la U, integrando todas las
carreras afines en la planificación y ejecución de los proyectos productivos e
investigativos con enfoque científico.
•
El
mejoramiento
del Centro de Idiomas para el desarrollo de la Política de Segunda
Lengua.
ESTAMOS EN CONTRA DE
•
El
PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO “Un país para todos”, especialmente del artículo
222 de donde se derivan el decreto 2450 y la resolución 2041, donde se plantea
la reforma de los programas de pregrados encargados de la formación docente en
Colombia, esto bajo la excusa de acreditación de alta calidad.
•
El
modelo
privatizador de incentivo a la demanda y asfixia presupuestal a la
universidad pública, cuyo propósito es profundizar la entronización del capital
financiero en la educación; hecho que se materializa en los créditos del
ICETEX, así como en el endeudamiento de la universidad pública por medio de
millonarios créditos que agravan su situación financiera y ponen en riesgo la
autonomía universitaria.
•
La
implementación de la Ley de Inspección y Vigilancia, que constituye una
herramienta del gobierno nacional para intervenir universidades públicas
acorraladas por la crisis, a fin de reestructurarlas a todo nivel, reduciendo
la autonomía universitaria a su mínima expresión, mientras se recortan
programas, planta docente y administrativa, recursos de inversión y
funcionamiento y en general, se socava la calidad y carácter público de las
universidades.
•
El
desproporcionado
aumento de matrículas en universidades públicas y privadas, el cual
agrava la situación en materia de acceso y permanencia a la educación superior.
•
La
situación de desempleo y subempleo de la juventud, así como las medidas
ordenadas por la OCDE para descargar la crisis económica sobre los jóvenes,
entre estas, la propuesta de implementar un salario mínimo diferenciado por
edades, a fin de abaratar la mano de obra juvenil.
•
Las
reformas
educativas con las cuales buscan generar ciudadanos acríticos, que muestren
apáticos y tolerantes a las injusticias sociales y económicas del país.
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